La deuda pública mundial ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la legislación sobre divulgación de información.
La deuda oculta, que asciende a 1 billón de dólares, se mantiene fuera del balance oficial del gobierno, pero sigue siendo una responsabilidad real. Esta situación representa una amenaza creciente, especialmente para los países de ingresos bajos.
Desafíos de la deuda no revelada
Las obligaciones no declaradas pueden agravar las finanzas públicas, especialmente en un contexto de tasas de interés elevadas y menor crecimiento económico.
La falta de información precisa sobre el endeudamiento pone en peligro la rendición de cuentas y aumenta el riesgo de corrupción.
Un estudio reciente revela que menos de la mitad de los países analizados cuentan con leyes que exijan informes fiscales y de gestión de la deuda.
Recomendaciones para mejorar la transparencia
Para abordar estas vulnerabilidades, se recomienda una definición amplia y exhaustiva de la deuda pública que incluya diversos instrumentos financieros y fondos extrapresupuestarios.
Países como Ecuador, Ghana, Jamaica, Rwanda, Tailandia y Vietnam han implementado definiciones legales más inclusivas que podrían servir de ejemplo para otros.
Divulgación de la información
Los requisitos legales sobre la divulgación de información sobre la deuda son insuficientes en muchos países.
Una base legal sólida es fundamental para asegurar que los datos sobre la deuda sean comunicados de manera oportuna y pertinente.
Países como Benin, Kenya y Rwanda han establecido legislaciones robustas que podrían servir de modelo.
Confidencialidad y supervisión
En los contratos de deuda pública, la confidencialidad puede dificultar la transparencia.
Pocas leyes regulan adecuadamente la confidencialidad de la deuda pública, lo que permite a las autoridades mantener contratos confidenciales por diversas razones.
Es esencial que la ley defina claramente las excepciones a la divulgación de información y los mecanismos de supervisión. Las legislaciones de Japón, Moldova y Polonia son ejemplos de marcos legales que permiten la supervisión legislativa o parlamentaria de la información confidencial.
