A las obligaciones del área farmacéutica se suman aproximadamente USD 100 millones adeudados a proveedores de alimentos y cerca de USD 350 millones correspondientes a empresas constructoras de obras viales.
El año base vigente corresponde a 2014. Con el nuevo ajuste, la medición buscará incorporar cambios ocurridos en la última década, incluyendo sectores que ganaron mayor peso, actividades que redujeron su participación y nuevos rubros dentro de la economía nacional.
El informe señala que la informalidad no responde a una sola causa. En algunos casos, afecta a cuentapropistas o pequeños emprendimientos de subsistencia que no pueden asumir los costos de formalización.
El saldo registrado al cierre de abril representa un incremento de USD 1.333,3 millones frente a diciembre de 2025, cuando la deuda pública se ubicaba en USD 20.447,9 millones.
El resultado operativo registró un déficit de G. 1,3 billones, equivalente a 0,4% del PIB. Al incorporar la inversión pública, el saldo global cerró con un déficit de G. 3,7 billones, que representa 0,9% del PIB.
El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.
Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.
El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.
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