La Cámara de Senadores aprobó modificaciones al proyecto de ley que plantea cambios en el sistema de jubilaciones del sector público. La iniciativa introduce ajustes en aportes, edades mínimas de retiro y condiciones de acceso al beneficio, y ahora deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión dentro del trámite legislativo.
El tratamiento del proyecto se realizó en sesión extraordinaria, mientras sectores vinculados al ámbito educativo y otros trabajadores del sector público realizaron manifestaciones en distintos puntos del país.
Cambios en el aporte estatal y en las contribuciones
Entre las modificaciones incorporadas se establece un aporte estatal del 10% con aplicación inmediata para el financiamiento del sistema jubilatorio.
El texto también incluye un aumento en las contribuciones de trabajadores pertenecientes a sectores con déficit dentro del régimen, que pasarán de 16% a 19%.
Estas disposiciones forman parte de las modificaciones introducidas durante el análisis del proyecto en la Cámara Alta.
Nuevas condiciones para la jubilación del sector docente
En el caso de trabajadores vinculados al magisterio y otros sectores contemplados en el proyecto, la propuesta fija una edad mínima de 53 años para acceder a la jubilación ordinaria.
El esquema contempla además al menos 25 años de aportes para acceder al beneficio.
La tasa de sustitución inicial se establece en 78%, con posibilidad de incremento gradual hasta 90% en función de la continuidad laboral.
También se prevé un periodo de transición para trabajadores que ya cuentan con más de 20 años de aporte, quienes podrán optar por mantenerse bajo el régimen actual o adoptar las nuevas disposiciones cuando la ley entre en vigencia.
Cambios para fuerzas públicas y otros sectores
El proyecto aprobado por el Senado establece para integrantes de fuerzas públicas una edad mínima de jubilación de 55 años dentro del régimen ordinario.
El texto también incorpora ajustes relacionados con pensiones por invalidez y beneficios para herederos dentro del sistema.
En el caso del sector judicial, se mantiene el mecanismo conocido como “dos por uno”, mediante el cual determinados periodos de servicio administrativo pueden computarse para el cálculo del beneficio jubilatorio.
