El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuenta este año con aproximadamente 480 millones de usd destinados a la adquisición de medicamentos e insumos, en el marco del Presupuesto General de la Nación 2026.
Desde la cartera económica señalaron que el Decreto N° 5311, que reglamenta el presupuesto vigente, tiene como objetivo ordenar la ejecución del gasto y fortalecer los controles sobre el uso de los recursos públicos.
Certificado de disponibilidad y control del gasto
El MEF indicó que la normativa refuerza lo establecido en la Ley N° 1535/2000, que exige que toda provisión de bienes y servicios cuente con certificado de disponibilidad presupuestaria.
Según explicaron, la intención es evitar compromisos sin respaldo financiero y establecer responsabilidades en caso de que se generen obligaciones sin crédito autorizado.
En enero, la ejecución a favor de Salud superó los G. 200.000 millones, cifra que corresponde al primer mes del ejercicio fiscal.
Mecanismos ante insuficiencia presupuestaria
Las autoridades económicas señalaron que, si el presupuesto aprobado resultara insuficiente, existen herramientas como ampliaciones presupuestarias, transferencias de crédito o la autorización para adelantar contratos plurianuales.
No obstante, aclararon que estos adelantamientos deben contar con validación previa del equipo económico, debido a situaciones detectadas en las que contratos firmados para varios años se ejecutaron en plazos más cortos, generando presión sobre el presupuesto anual.
Reclamos de proveedores y deuda acumulada
Desde el MEF reconocieron que existen reclamos de proveedores por montos millonarios, originados en compromisos asumidos fuera del plan de gasto previsto.
Ante este escenario, se evalúa un mecanismo de cesión de derechos de cobro, que permitiría a los proveedores transferir facturas a entidades financieras mientras el Estado establece un cronograma de pagos.
Las estimaciones oficiales indican que entre un cuarto y un tercio de la deuda reclamada podría estar vinculada a compras derivadas de amparos judiciales, lo que representaría más de 100 millones de usd.
Impacto de los amparos judiciales
El MEF señaló que el aumento de amparos judiciales para la provisión de medicamentos fuera del vademécum oficial incide en el crecimiento de la deuda.
