Sectores políticos plantean elevar el déficit fiscal hasta 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implicaría incorporar aproximadamente USD 560 millones adicionales en deudas para el Estado.
Objetivo de cubrir compromisos pendientes
La propuesta busca generar margen financiero para cumplir con obligaciones acumuladas, especialmente con proveedores del sector público, en un contexto de presión sobre las finanzas estatales.
El aumento del déficit permitiría acceder a recursos mediante emisión de bonos o nuevos créditos, ampliando la capacidad de financiamiento del Gobierno.
Flexibilización de la regla fiscal
El planteamiento implica modificar de forma transitoria el límite actual del déficit, que se encuentra en 1,5% del PIB, establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Esta flexibilización es presentada como una medida para responder a la desaceleración de ingresos tributarios y a la acumulación de compromisos financieros.
Contexto de ingresos y presión fiscal
El documento señala que la recaudación muestra sensibilidad a factores como el nivel de ejecución del gasto público, el tipo de cambio y la dinámica del comercio exterior.
En ese escenario, se plantea que el aumento del déficit sería una herramienta para evitar mayores atrasos en pagos y mitigar efectos sobre la actividad económica.
Debate sobre sostenibilidad fiscal
La iniciativa generó cuestionamientos dentro del ámbito político, en relación con la falta de una estrategia económica definida y los efectos de un mayor endeudamiento.
El incremento del déficit implica una mayor necesidad de financiamiento, lo que puede incidir en el nivel de deuda pública y en el manejo de las cuentas fiscales.
