
Según el anuncio realizado desde la Presidencia del Congreso, el titular de la Cámara Alta dejará de percibir sus bonificaciones mensuales hasta el final de su mandato y promoverá un proyecto de ley para eliminar ese beneficio para altas autoridades del Estado.
La decisión fue comunicada en medio de cuestionamientos ciudadanos por los pagos adicionales que reciben sectores de la dirigencia política.
Desde 2025, ese concepto representaba G. 21 millones mensuales extra, lo que llevaba sus ingresos totales a G. 63.302.850 por mes.
El anuncio fue realizado después de días de críticas por los montos asignados a autoridades nacionales y tras expresiones de rechazo registradas en una actividad deportiva. El debate se concentró en los pagos adicionales percibidos por encima del salario base, en un contexto de ajuste fiscal planteado por el propio Gobierno.
Ese esquema de bonificaciones se encuentra vigente desde 2018 y alcanza a cargos de alta responsabilidad dentro del sector público.

La propuesta que será impulsada busca extender la eliminación de estas asignaciones a distintos niveles del Estado.
Entre los sectores alcanzados aparecen senadores, diputados, gobernadores, presidente y vicepresidente de la República, ministros del Poder Ejecutivo, autoridades del Banco Central, ministros de la Corte Suprema, Fiscalía, Justicia Electoral, Contraloría, Defensoría del Pueblo y titulares de entes públicos.
De acuerdo con lo expuesto, la intención es que la supresión de estos pagos adicionales pueda aplicarse durante el ejercicio fiscal 2026.
Además de la renuncia al cobro de ese beneficio, se mencionó la posibilidad de redireccionar los fondos actualmente destinados a bonificaciones hacia áreas como salud, educación y medicamentos.