
Durante una reunión entre representantes del ámbito legislativo y directivos del sector eléctrico, se evaluó el proyecto que insta a la Administración Nacional de Electricidad a evitar incrementos en las tarifas, según la información divulgada por la Cámara de Diputados. La iniciativa apunta a priorizar mejoras en la gestión interna y en el uso de los recursos públicos.
El estudio se desarrolla en el marco de un proceso más amplio de revisión de costos y de situación financiera institucional.
En el encuentro se expusieron los elementos del plan que el Gobierno prepara para el próximo periodo, el cual contempla ajustes tarifarios y la inclusión de tarifas sociales en el servicio eléctrico.
La discusión legislativa plantea que los cambios en los precios no deberían recaer sobre los usuarios, sino sobre una administración más eficiente y un control riguroso del gasto.
El proyecto de declaración sostiene que, en un contexto económico desafiante, una suba de tarifas podría generar mayores presiones en los hogares y en las pequeñas y medianas empresas.
El texto resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, auditorías permanentes y políticas de gasto racional que permitan equilibrar las finanzas de la institución.

Desde el ente eléctrico se reiteró la intención de aplicar modificaciones tarifarias desde el año entrante, señalando que los montos previstos serían competitivos dentro del mercado regional.
También se indicó que alrededor del 90% de los usuarios no sería alcanzado por el eventual ajuste y que el incremento afectaría a un 10% del total, principalmente a sectores con mayor capacidad económica y a empresas que se instalen en el país.
La comisión encargada del análisis emitió un dictamen favorable. Este documento será presentado en la sesión dedicada a mociones de tratamiento inmediato, donde se definirá si el proyecto avanza a las siguientes etapas.