
El Gobierno implementó un régimen excepcional para regularizar obligaciones laborales en el Registro Obrero Patronal, con el objetivo de facilitar el cumplimiento y promover la formalización de empresas.
La medida establece un periodo transitorio durante el cual las empresas podrán actualizar registros pendientes sin que el retraso genere sanciones económicas.
Este esquema incluye la posibilidad de regularizar aspectos como inscripción de establecimientos, movimientos de personal, licencias, vacaciones y notificaciones laborales.
Además, se contempla una reducción de multas ya aplicadas, con descuentos que pueden alcanzar hasta 70% para micro y pequeñas empresas y 50% para empleadores en general.
El régimen también habilita el fraccionamiento de multas en hasta 10 cuotas, con una entrega inicial mínima del 20%, lo que busca facilitar la regularización financiera de las empresas.
Estas condiciones se aplican a incumplimientos registrados en años anteriores, dentro de un esquema que combina reducción de sanciones con facilidades administrativas.
Desde el Ministerio de Trabajo se señala que la iniciativa apunta a incorporar a más trabajadores al sistema formal, estimando un alcance potencial sobre más de 22.000 empresas y cerca de 150.000 trabajadores.
El enfoque del régimen prioriza el cumplimiento voluntario por parte de los empleadores, en lugar de una aplicación exclusivamente sancionatoria.
El periodo de aplicación del régimen estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026, tras lo cual se prevé la reactivación de mecanismos de control y cobro de multas pendientes.