
El Gobierno reglamentó la reforma del transporte público mediante un decreto firmado por el presidente Santiago Peña, que establece un nuevo modelo para el sistema y habilita el proceso de licitación para renovar la flota.
El plan contempla la incorporación de aproximadamente 1.000 buses nuevos hacia el 2028, como parte de la modernización del transporte en el área metropolitana.
La renovación de la flota se posiciona como uno de los ejes centrales del cambio estructural del sistema.
La reforma introduce un nuevo esquema en el que el Estado tendrá un rol más activo, separando la provisión de buses, la operación del servicio y la gestión de infraestructura.
Este modelo apunta a reorganizar el sistema y redefinir los itinerarios en función de la demanda de los usuarios.

Con la reglamentación, se habilita el inicio de licitaciones para la adquisición de buses y la concesión de servicios, lo que marca el inicio de la implementación del nuevo modelo.
El proceso busca atraer inversión privada bajo un esquema regulado por el Estado.
El objetivo del Gobierno es avanzar hacia un sistema más moderno, con mejores condiciones operativas y mayor previsibilidad para los usuarios.