
Según consta en presentaciones realizadas ante la Justicia, se ingresó un pedido de declaración de quiebra contra la Essap por cesación de pagos y la existencia de sentencias firmes que no fueron cumplidas.
La solicitud se apoya en antecedentes judiciales que se remontan a más de 20 años, vinculados a reclamos económicos que permanecen pendientes de ejecución.
El escrito judicial se sustenta en la normativa concursal vigente, que permite solicitar la quiebra aun cuando exista una sola acreencia, siempre que se verifique una situación de falta de pago.
Dentro de los argumentos expuestos se menciona la existencia de pagos selectivos de deudas, situación que habría derivado en acumulación de intereses y costas, con impacto sobre los recursos administrados por la empresa estatal.
Estas condiciones fueron presentadas como elementos centrales para justificar la intervención del fuero judicial.
En caso de que el pedido sea admitido, la administración de la empresa quedaría bajo la órbita de una sindicatura de quiebra, conforme al procedimiento previsto por la ley.
El trámite no implica una declaración voluntaria, sino el sometimiento de la entidad a control judicial, con facultades para revisar la gestión y ordenar la situación financiera.

Hasta el momento no existe una cifra consolidada sobre el total de obligaciones pendientes.
Ese monto deberá surgir de la investigación preliminar del juzgado, que emplazará a la empresa a presentar el detalle de sus cuentas de administración, balances y compromisos asumidos.
El proceso permitirá identificar la nómina de acreedores y el estado real de las deudas.
Dentro del planteo judicial también se menciona la eventual existencia de responsabilidades penales, en función de los efectos económicos generados por la prolongación de los juicios y el incumplimiento de obligaciones reconocidas judicialmente.