Para este mes de diciembre está previsto culminar la instalación del centro de monitoreo y del protocolo de actuación para iniciar el plan piloto de uso de tobilleras electrónicas.
Los dispositivos estarán enfocados inicialmente en casos de medidas de restricción por violencia intrafamiliar.
La empresa adjudicada tiene un plazo de 30 días para instalar el centro de monitoreo, aunque se está gestionando su habilitación antes de finalizar el año.
Se prevé la provisión de hasta 1.000 dispositivos electrónicos, según un contrato abierto. El protocolo de actuación está siendo elaborado por varias instituciones, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, entre otras.
El costo mensual de las tobilleras oscilará entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, monto inferior al costo estimado de mantener a una persona privada de libertad, calculado en USD 650 por mes.
El gasto será asumido por la persona beneficiada con la medida, y en caso de insolvencia, será cubierto por el Estado.
Las tobilleras contarán con un sistema de geolocalización que permitirá definir los límites de desplazamiento de los beneficiados.
En casos de violencia intrafamiliar, las víctimas también tendrán un dispositivo para alertar si el agresor se aproxima.
Este sistema incluye la creación de perímetros digitales, con alertas que permiten la intervención de agentes del Grupo Lince en caso de incumplimiento.