
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que Paraguay cerró 2025 con una tasa de informalidad laboral del 64,3%, resultado que lo coloca en el quinto puesto entre las 15 economías analizadas de América Latina y el Caribe.
El material fue elaborado por MF Economía e Inversiones con base en los indicadores del organismo internacional.
En números cotidianos, esto representa que aproximadamente seis de cada diez personas ocupadas trabajan fuera de un esquema completamente formal.
Esta situación suele implicar falta de aportes jubilatorios, cobertura de salud, vacaciones pagadas, indemnizaciones y otras garantías contempladas en las normas laborales.
Dentro de la comparación regional, Bolivia presentó el porcentaje más elevado, con 82,2%, seguida por Ecuador con 70,1%, Perú con 69,8% y Guatemala con 66,2%. Paraguay aparece a continuación con 64,3%, mientras que El Salvador registró 63,3%.
En el otro extremo se encuentran Uruguay, con 22,4%, y Chile, con 25,1%. Costa Rica alcanzó 35,5% y Brasil 35,6%. La proporción paraguaya se ubica cerca de 29 puntos porcentuales por encima de la brasileña y casi triplica el nivel registrado en Uruguay.
Una parte considerable de los puestos de trabajo en Paraguay se encuentra en micro y pequeñas empresas, actividades independientes, agricultura familiar, comercios minoristas, construcción y servicios personales. Estos sectores suelen enfrentar ingresos variables y mayores obstáculos para cubrir los trámites y costos relacionados con la formalización.

La Organización Internacional del Trabajo plantea combinar el cumplimiento de las reglas laborales con capacitación, asistencia técnica, acceso al crédito, desarrollo productivo y ampliación de la protección social. También menciona registros más simples, aportes adaptados a trabajadores independientes e incentivos dirigidos a pequeños negocios.
La elevada informalidad reduce la cantidad de trabajadores que contribuyen regularmente a los sistemas jubilatorios y de salud. También limita la recaudación tributaria y deja a una parte de la población con menor respaldo ante enfermedades, accidentes, pérdida de ingresos o llegada a la edad de retiro.
Aunque la mayoría de los países incluidos en el estudio redujo sus índices entre 2024 y 2025, los cambios fueron desiguales. En Paraguay, el porcentaje continúa por encima del 60%, mientras el desafío regional se concentra en ampliar los puestos registrados y con acceso a protección social.