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Organizaciones llaman a movilización nacional contra los cortes de luz y las tarifas preferenciales para criptomineras
22/7/26
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Organizaciones civiles, gremiales y campesinas anunciaron una movilización nacional para el jueves 23 de julio, desde las 10:00, frente a la sede central de la Administración Nacional de Electricidad en Asunción y en agencias regionales del país. Los sectores convocantes reclaman el fin de las desconexiones a hogares con menores ingresos y el tratamiento de la propuesta que busca ampliar la tarifa social.
La concentración principal se realizará en la intersección de España y Padre Cardozo, mientras que las actividades también se replicarán en distintas cabeceras departamentales.
La convocatoria incluye cuestionamientos a las condiciones tarifarias concedidas a empresas que demandan grandes cantidades de energía.
La iniciativa popular para extender la tarifa social cuenta con el respaldo certificado de más de 48.000 firmas válidas, verificadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El documento fue remitido al Congreso Nacional el 2 de abril de 2025, pero todavía no fue tratado.
Los impulsores calculan que la modificación podría alcanzar a unos 350.000 usuarios en situación de vulnerabilidad que actualmente enfrentan dificultades para cubrir sus facturas eléctricas.
La protesta exigirá que el proyecto sea incluido en el debate legislativo y que se detengan las interrupciones del servicio en viviendas cuyos ocupantes no logran pagar a tiempo.
Las organizaciones también objetan los precios aplicados a centros dedicados a la criptominería, el almacenamiento de datos y otras actividades electrointensivas. Los cálculos presentados por los convocantes indican que estos establecimientos reciben energía a un promedio de USD 44,3 por MWh mediante líneas de 220 kV.
La cifra es inferior a los USD 50 por MWh que Paraguay percibe por la cesión de sus excedentes de Itaipú al mercado brasileño. Las agrupaciones sostienen que la tarifa técnica para las actividades de alto consumo debería ubicarse en USD 85,5 por MWh.
Los cálculos remitidos a la Contraloría General de la República señalan una brecha de USD 41,2 por MWh entre la tarifa aplicada y el precio técnico estimado.
Considerando una potencia contratada de 943,8 MW, las organizaciones calculan que esa diferencia representaría un subsidio indirecto cercano a USD 322 millones anuales. Estos montos corresponden a estimaciones elaboradas por los sectores que organizan la manifestación.
La convocatoria contempla concentraciones simultáneas en Asunción, Itapúa y otras zonas del territorio nacional. Los organizadores reclaman una revisión de las prioridades en la distribución de la energía y de las tarifas destinadas a hogares y grandes consumidores.
