
Moody’s Ratings ratificó la calificación soberana Baa3 con perspectiva estable para Paraguay, aunque señaló que la acumulación de obligaciones pendientes con proveedores dejó en evidencia dificultades para planificar el presupuesto, administrar el dinero disponible y cumplir los compromisos asumidos por el sector público.
La calificadora indicó que los atrasos reconocidos a comienzos de 2026 representan aproximadamente el 2,1% del Producto Interno Bruto. La observación no está centrada en una falta de capacidad para pagar, sino en la forma en que el Estado organiza sus recursos y programa los desembolsos durante el año.
Moody’s estima que el Gobierno completará el pago de estos compromisos internos hacia 2028. Para acelerar la cancelación de facturas pendientes, el Ministerio de Economía y Finanzas recurrió al factoraje, un mecanismo mediante el cual los proveedores transfieren sus derechos de cobro a entidades financieras para recibir el dinero antes del vencimiento estatal.
Este procedimiento permite adelantar liquidez, aunque incluye costos vinculados con las tasas aplicadas por las instituciones financieras. El esquema fue utilizado principalmente para compromisos con proveedores del sector farmacéutico.
A las obligaciones del área farmacéutica se suman aproximadamente USD 100 millones adeudados a proveedores de alimentos y cerca de USD 350 millones correspondientes a empresas constructoras de obras viales.

Las demoras pueden trasladar gastos financieros a las compañías que ya entregaron bienes o realizaron servicios para el Estado, debido a que deben buscar otras fuentes de dinero mientras aguardan el cobro de las facturas.
La agencia espera que el Gobierno evite una nueva acumulación de pagos vencidos mediante una mayor coordinación entre el presupuesto anual y la disponibilidad efectiva de fondos. También plantea reforzar los controles y el seguimiento del gasto público.
Paraguay conserva entre sus principales respaldos un crecimiento económico sostenido, un nivel de deuda pública relativamente bajo, una política monetaria estable y disciplina fiscal de mediano plazo. Sin embargo, Moody’s ubica el funcionamiento institucional del país por debajo de otros Estados que poseen la misma calificación Baa3.
Una acumulación persistente de obligaciones sin pagar, un aumento de la deuda pública, el freno de las reformas o una menor capacidad de las instituciones para administrar los recursos podrían ejercer presión sobre la calificación crediticia.