
La Cámara Paraguaya de la Construcción advirtió en un conversatorio sectorial que la deuda acumulada del Estado con empresas constructoras está generando dificultades para sostener sus operaciones. El pasivo total supera los USD 300 millones, entre certificados impagos e intereses, y afecta principalmente a firmas cuya actividad depende en gran medida de la inversión pública.
El encuentro se centró en analizar el impacto que tienen los retrasos en los pagos sobre la cadena de infraestructura y la situación financiera del sector.
Desde el gremio señalaron que la falta de cobro regular obliga a muchas empresas a operar con altos niveles de endeudamiento para cubrir salarios y costos básicos.
En varios casos, esta situación limita el acceso al crédito bancario y lleva a recurrir a otras fuentes de financiamiento para sostener la actividad diaria.
Durante el conversatorio se indicó que el marco fiscal vigente impide realizar pagos aun cuando existen fondos disponibles.
La normativa establece un límite de déficit de 1,9 por ciento del PIB, condición que restringe los desembolsos del Estado a lo largo del ejercicio fiscal.

Según datos expuestos por el sector, el plan de caja habilitado alcanza aproximadamente USD 20 millones, mientras que el ingreso mensual de certificados se sitúa entre USD 50 millones y USD 70 millones.
De mantenerse este esquema, la deuda flotante podría llegar hacia el cierre de 2025 a unos USD 250 millones solo en certificados, sin considerar intereses acumulados.
El atraso en los pagos no impacta únicamente en las empresas constructoras, sino que se extiende a una amplia red de proveedores y servicios asociados a la obra pública.
Esta situación incide en el ritmo de ejecución de proyectos y en distintas actividades relacionadas con la infraestructura.
Entre las opciones mencionadas durante el encuentro se incluyó el uso de esquemas como alianzas público-privadas e iniciativas privadas.