
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley de Transferencias Monetarias para la Inclusión Social y Reducción de la Pobreza, una propuesta que busca modificar el esquema de programas sociales y centralizar su administración en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
La iniciativa plantea la creación del Registro Social de Hogares, una base de datos destinada a reunir información sobre personas y familias que reciben o podrían recibir asistencia estatal.
El objetivo señalado por el Ejecutivo es mejorar la focalización de los programas sociales y evitar superposiciones en el uso de recursos públicos.
El proyecto establece que el MDS tendrá la potestad de determinar quiénes son elegibles para recibir subsidios y quiénes quedan fuera del sistema.
También dispone que ningún organismo o entidad del Estado podrá aprobar planes, programas o intervenciones con transferencias monetarias condicionadas sin contar previamente con el parecer obligatorio del ministerio.

La propuesta apunta a derogar totalmente la Ley N° 4087/2011, normativa que actualmente regula subsidios estatales como el programa Tekoporã.
La argumentación oficial sostiene que, tras dos décadas de aplicación de estos esquemas, la reducción de la pobreza se desaceleró desde 2013 y que las intervenciones estatales se desarrollan de forma aislada, fragmentada y con duplicación de prestaciones.
El texto también modifica el rol de las municipalidades y juntas municipales en la convocatoria y selección local de beneficiarios.