
El ex presidente del Instituto de Previsión Social, IPS, Benigno López planteó que la previsional debe revisar su reglamento de inversiones y volver a usar el patrimonio efectivo de los bancos como principal indicador para medir el riesgo al colocar los recursos jubilatorios.
El planteamiento aparece dentro del debate sobre la interpretación de la Ley N° 7235 por parte de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones y la necesidad del IPS de adecuar su cartera de inversiones.
López sostuvo que el problema no estaría en la ley, sino en una modificación hecha al reglamento que regula las licitaciones para colocar recursos del IPS.
Señaló que la norma histórica seguía un orden de prioridades: seguridad, luego liquidez y finalmente rentabilidad.
De acuerdo con su explicación, el cambio se dio cuando se dejó de usar el patrimonio efectivo como criterio técnico principal y se incorporó otro indicador. A su criterio, ese ajuste permitió tomar inversiones con mayor nivel de riesgo.
El ex titular del IPS indicó que el elemento clave para analizar una inversión es la solvencia de la entidad financiera emisora. Desde esa mirada, el riesgo no cambia solamente porque el dinero esté colocado en certificados de depósito, bonos, cuentas a la vista u otros instrumentos.
Para López, el banco que está detrás de la obligación es el mismo, por lo que la exposición debe analizarse considerando el total colocado en una misma entidad financiera.

López también respaldó la interpretación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, que plantea analizar el riesgo según la exposición total que tiene el IPS frente a una misma entidad financiera.
El patrimonio efectivo fue señalado como el dato que muestra la capacidad de un banco para responder a sus obligaciones. Por eso, el planteamiento apunta a que ese indicador vuelva a ser el principal parámetro para definir cuánto puede invertir el IPS en cada entidad.
El IPS se encuentra en un proceso de revisión de su reglamento de inversiones. En ese marco, López sostuvo que existe una oportunidad para restablecer criterios más prudentes y reducir los riesgos de concentración de los recursos jubilatorios.