
Un total de 21 organizaciones docentes presentaron un nuevo proyecto de ley orientado a la reforma de la Caja Fiscal, como contrapropuesta a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
El documento fue ingresado para su análisis legislativo y plantea modificaciones en el esquema de aportes y condiciones de jubilación del sector educativo.
La propuesta establece que el Estado realice un aporte del 14% por cada afiliado, mientras que el aporte de los docentes se mantendría en 16%.
Este esquema difiere del planteamiento oficial, que contempla un aumento del aporte de los trabajadores y un porcentaje menor por parte del Estado.
El proyecto presentado descarta la aplicación de una edad mínima para la jubilación.
En su lugar, propone que los docentes puedan acceder al retiro con 25 años de servicio, con una tasa de sustitución del 83%, o con 28 años de servicio, con una tasa del 87%.
El texto incorpora un mecanismo de reconocimiento por maternidad, mediante el cual se computará un año adicional de servicio por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia, con un máximo de tres hijos vivos.
Esta disposición busca ajustar el cómputo de los años de servicio dentro del sistema previsional.

La iniciativa incluye una jubilación especial para personas que se encuentren física o intelectualmente incapacitadas para continuar en funciones.
En estos casos, el acceso al beneficio se prevé con una antigüedad de entre 10 y 24 años de servicio, con una tasa de sustitución reducida y sujeta a evaluación médica periódica.
El proyecto propone modificaciones en varios artículos de la normativa vigente, entre ellas la garantía de que quienes ya se encuentren en el sistema se jubilen bajo el régimen en el que ingresaron.
También plantea la actualización anual de las prestaciones conforme al índice de inflación y la eliminación de la devolución de aportes como beneficio adicional.
En el texto presentado, los gremios docentes exponen observaciones sobre una descapitalización histórica del sistema, vinculada al uso de fondos previsionales en distintos periodos del pasado.
Asimismo, solicitan mayor transparencia y documentación sobre la situación financiera actual y las obligaciones pendientes del Estado con la Caja Fiscal.