
El Viceministerio de Minas y Energía informó que las industrias deberán acreditar que al menos el 30% de la biomasa que consumen cuente con certificación durante este año, como parte de un esquema de trazabilidad y sostenibilidad impulsado por el Gobierno.
La medida se implementa tras un estudio técnico respaldado por el Banco Mundial, que concluyó que la sustitución total de la biomasa por otras fuentes energéticas no es viable en el mediano plazo.
El consumo industrial representa cerca del 57% de la biomasa disponible en el país, por lo que el enfoque oficial apunta a asegurar la procedencia legal de la madera y preservar los bosques naturales.
La aplicación del sistema será progresiva. Luego del 30% fijado para 2026, el porcentaje aumentará al 50%, 70% y finalmente 100% en los próximos años.
Aunque el decreto que regula el sector data de 2015, su ejecución efectiva se postergó por más de una década.
La industria requiere alrededor de 40.000 hectáreas anuales de superficie forestal para abastecer su demanda energética.
Para una implementación plena se estimaba necesario contar con al menos 160.000 hectáreas ya trabajadas, considerando que los árboles requieren entre seis y ocho años para alcanzar condiciones de aprovechamiento.
En la actualidad, el crecimiento del sector y la instalación de nuevos proyectos industriales han incrementado la demanda de biomasa.

El Viceministerio trabaja en la creación de un departamento exclusivo de certificación y en el desarrollo de un software especializado junto con el Ministerio de Economía y Finanzas para monitorear el flujo de madera.
Aunque la inscripción al sistema aún es voluntaria, la obligatoriedad del consumo certificado se aplicará conforme al marco legal vigente.
El foco inicial estará puesto en grandes calderas y secaderos de granos. Para facilitar la transición, se habilitaron mesas de trabajo con la Agencia Financiera de Desarrollo y el Banco Nacional de Fomento con el objetivo de ofrecer líneas de crédito destinadas a la adquisición de equipos más eficientes.
Las autoridades señalaron que los mercados internacionales exigen mayor control sobre el origen de los insumos, especialmente en productos destinados a bloques comerciales que priorizan criterios de sostenibilidad.
En paralelo, se desarrollan programas de aprovechamiento energético, como el uso de residuos de poda urbana. Dos plantas piloto almacenarán y procesarán restos vegetales para su utilización como fuente de calor en procesos industriales.