
El Grupo de Acción Financiera Internacional informó, tras su más reciente reunión plenaria realizada en Ciudad de México, que las estafas están aumentando en volumen, alcance y complejidad a nivel mundial, y que el combate a estas prácticas figura entre sus principales prioridades.
El organismo internacional indicó que el fenómeno no se limita a pérdidas económicas individuales, sino que impacta en distintos sistemas financieros y jurisdicciones.
Durante los encuentros de trabajo, se aprobó un documento orientado a enfrentar el fraude cometido por medios digitales, especialmente aquel que se apoya en pagos inmediatos, ingeniería social y plataformas globales.
También se presentó un informe centrado en el uso de stablecoins y billeteras no alojadas, activos que pueden ser utilizados en esquemas ilícitos, desde estafas masivas hasta financiamiento de actividades criminales.
Según datos citados por la organización Global Anti-Scam Alliance, en un solo año se habrían perdido alrededor de un billón de dólares en fraudes a nivel global.
El organismo señaló que en el 90% de las jurisdicciones evaluadas se detectaron riesgos vinculados a transacciones engañosas, lo que llevó a reforzar estándares y recomendaciones.
Entre las herramientas planteadas figuran la cooperación transfronteriza, el intercambio de información en tiempo real y mecanismos más ágiles para la interrupción de operaciones y el congelamiento de fondos.

Asimismo, se instó a los países a desarrollar o actualizar su Evaluación Nacional de Riesgos, con el objetivo de identificar amenazas específicas en cada territorio.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica comunicó que detectó maniobras fraudulentas que utilizan su denominación sin autorización.
La entidad aclaró que no aplica multas a personas físicas, jurídicas ni entidades financieras bajo ninguna circunstancia.
Durante la plenaria se aprobaron dos reportes vinculados a los cambios en el ecosistema de activos digitales.
Uno de ellos aborda el rol de proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero, mientras que el otro analiza el uso de criptomonedas en esquemas ilícitos.