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Entre papeles y promesas, la formalización de mipymes sigue siendo una deuda pendiente
13/10/25
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De acuerdo con información del Ministerio de Industria y Comercio, la implementación de la Ley 7444/2024 busca impulsar la formalización de micro, pequeñas y medianas empresas a través de incentivos y una mayor digitalización de los trámites públicos.
Actualmente, el principal obstáculo identificado por las autoridades para que los pequeños emprendedores ingresen al sistema formal es la excesiva carga burocrática.
Se plantea que, mediante la digitalización de los servicios estatales, los microempresarios puedan abrir una sociedad, registrar una cuenta bancaria y emitir facturas desde sus teléfonos, con procedimientos más ágiles y simples.
Entre las medidas de la normativa reglamentada, se contempla la posibilidad de que las microempresas inscriban a sus trabajadores en el Instituto de Previsión Social (IPS) abonando el 80% del salario mínimo durante los primeros 36 meses de formalización.
La disposición busca otorgar un margen de fortalecimiento a los pequeños negocios que operan con escasos recursos. Según el Ministerio de Industria y Comercio, la intención es permitir que las mipymes se consoliden sin que la formalización represente una carga que pueda comprometer su estabilidad.
El ministerio anunció que en los próximos días se desarrollará una campaña de difusión para informar a los microempresarios sobre los beneficios de la Ley 7444/2024 y acompañar su transición al sistema formal.
El objetivo es incentivar a más emprendedores a inscribirse dentro del marco legal, con un enfoque en simplificación de trámites y uso de herramientas digitales que faciliten la gestión empresarial.
Por otra parte, tras más de dos semanas de cierre de rutas, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los cañicultores del distrito de Mauricio José Troche, lo que permitió el levantamiento de la medida de fuerza.
El compromiso incluye la realización de un nuevo llamado a licitación para la construcción del tren de molienda de la planta de Petropar, cuya ejecución anterior fue suspendida. El plan prevé que el nuevo sistema entre en funcionamiento para septiembre de 2026, mientras que la empresa estatal se comprometió a mantener el precio vigente de la caña de azúcar durante el proceso de reactivación.
Las autoridades señalaron que el reto a corto plazo será aumentar la eficiencia de la planta industrial y fortalecer la cadena productiva del sector cañicultor, que actualmente enfrenta limitaciones técnicas y de capacidad operativa.
