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El transporte público deja de depender de decisiones de las empresas y pasa a ser obligatorio
8/1/26
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De acuerdo con información oficial del Poder Ejecutivo, fue promulgada la nueva Ley que establece la rectoría sobre el transporte público terrestre, modifica disposiciones vigentes desde hace más de dos décadas y redefine el marco de planificación, control y funcionamiento del sistema a nivel nacional.
La normativa declara al transporte público como un servicio imprescindible, de prestación obligatoria y continua, y fija nuevas obligaciones para los operadores, con alcance directo sobre la experiencia diaria de los usuarios.
La Ley actualiza el régimen que regía desde el año 2000 y establece un esquema en el que el Estado asume un rol central en la planificación y fiscalización del transporte terrestre de pasajeros.
El objetivo es ordenar el sistema mediante reglas unificadas que regulen recorridos, frecuencias, horarios y condiciones de prestación del servicio.
Con la nueva normativa, el cumplimiento de horarios, frecuencias y recorridos deja de ser una decisión operativa de las empresas y pasa a ser una exigencia legal frente a los usuarios.
El marco jurídico incorpora sanciones económicas automáticas ante incumplimientos y contempla la rescisión de concesiones en casos de reiteración.
Este esquema establece un respaldo legal para los pasajeros en relación con la prestación del servicio.
La Ley dispone la publicación de datos abiertos vinculados a operaciones, subsidios y pagos del sistema de transporte público.
Esta información permitirá el seguimiento público del funcionamiento del servicio y de los recursos asociados a su operación.
El control se refuerza mediante mecanismos de fiscalización bajo rectoría estatal.
La normativa habilita la integración tarifaria, apoyada en el billetaje electrónico, lo que permitirá realizar trasbordos sin abonar un pasaje completo en cada tramo.
Además, el sistema se reorganiza a través de Unidades Funcionales y corredores troncales, cada uno con planes de servicio que definen flota, rutas, frecuencias y estándares operativos.
La Ley también contempla la creación de nuevas áreas metropolitanas en distintas regiones del país, ampliando la planificación del transporte público más allá del área central.
