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El sistema de jubilaciones del sector público entra en un agujero de más de USD 300 millones
15/12/25
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De acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, el sistema de pensiones y jubilaciones del sector público registró un saldo negativo acumulado de G. 2,3 billones, equivalentes a USD 334,5 millones, al cierre de noviembre de 2025. El monto supera las estimaciones iniciales realizadas para el cierre del año y confirma una tendencia de crecimiento del déficit mes a mes.
Las cifras corresponden a la situación financiera consolidada de la Caja Fiscal.
Los ingresos del sistema, provenientes de los aportes, alcanzaron G. 3 billones durante el período analizado, mientras que los egresos totalizaron G. 5,3 billones.
Esta diferencia explica el resultado negativo acumulado hasta noviembre, con un desbalance sostenido entre los recursos disponibles y las obligaciones del sistema.
El mayor peso dentro del saldo negativo corresponde al régimen previsional del sector docente, que acumuló pérdidas por G. 1 billón, equivalentes a USD 152,5 millones, lo que representa el 45,5 por ciento del déficit total.
Le siguen los regímenes correspondientes a la Policía Nacional, con un rojo de G. 668.469 millones, y a las Fuerzas Armadas, con G. 629.436 millones de pérdidas acumuladas.
En menor magnitud, también registraron saldos negativos los regímenes de docentes universitarios, con G. 40.538 millones, y de magistrados, con G. 38.589 millones.
El único grupo que mantiene un resultado positivo es el de los empleados públicos, con un superávit de G. 106.333 millones, aunque en niveles reducidos.
Solo en noviembre, el sistema previsional del sector público registró pérdidas por G. 223.876 millones, equivalentes a poco más de USD 32 millones, lo que implica un déficit mensual cercano al 44 por ciento.
La dinámica mensual confirma una presión constante sobre las finanzas públicas.
El crecimiento del déficit previsional se produce en un contexto de metas fiscales que apuntan a cerrar el año con un déficit del Estado de 1,9 por ciento del PIB, con una convergencia prevista hacia 1,5 por ciento en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
