
El Ejecutivo destacó que el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2026 fue sancionado respetando el tope de déficit del 1,5% previsto por la Ley de Responsabilidad Fiscal, según datos oficiales. Con este resultado, se señaló que es la primera vez desde 2018 que se vuelve a cerrar un plan de gastos dentro del margen establecido por la normativa.
Autoridades económicas indicaron que el análisis parlamentario incorporó modificaciones sin alterar el límite fiscal fijado por ley, lo que permitió mantener el nivel de déficit por debajo del máximo permitido.
De acuerdo con la información oficial, el documento aprobado por el Congreso se alinea con los criterios presupuestarios definidos por el Ejecutivo. Se mencionó que el cumplimiento del límite de 1,5% del PIB fue considerado un aspecto central dentro del diseño fiscal para el ejercicio 2026.
También se informó que el análisis legislativo mantuvo los ajustes estructurales sin alterar la meta fiscal general, que había sido planteada como una prioridad en la elaboración del proyecto inicial.
En paralelo al énfasis gubernamental en el cumplimiento del tope fiscal, diversos sectores productivos y de servicios han reiterado reclamos por atrasos en el pago de facturas emitidas al Estado. Entre los rubros con mayores reportes se encuentran empresas constructoras, proveedoras de medicamentos y proveedoras de servicios generales.

Organizaciones del sector privado señalan que parte de estos atrasos se relaciona con la necesidad de mantener el déficit dentro del límite legal, lo que ha generado postergaciones en los desembolsos previstos para cubrir obligaciones ya ejecutadas.
Los reclamos se concentran en pagos atrasados correspondientes a obras públicas, provisión de insumos médicos y contratos de bienes y servicios. En algunos casos, representantes gremiales sostienen que la falta de cancelación afecta cronogramas de entrega y compromisos internos de las firmas involucradas.
Concluida la revisión en el ámbito legislativo, el documento quedó remitido al Ejecutivo para su promulgación. El calendario fiscal establece que, una vez confirmado, iniciarán las etapas de adecuación administrativa, así como la programación de gastos y desembolsos para cada organismo del Estado durante el próximo ejercicio.