
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de nueva Ley de Seguros con el objetivo de reemplazar la normativa vigente desde hace más de 30 años, correspondiente a la Ley 827/96.
La propuesta busca actualizar el marco legal del sector asegurador, establecer reglas más claras para las actividades de las aseguradoras y reforzar la protección de los usuarios que contratan pólizas.
El proyecto plantea avanzar hacia un modelo de gestión y supervisión basado en los riesgos asumidos por las compañías aseguradoras.
Actualmente, el esquema se apoya principalmente en criterios de solvencia, provisiones, inversiones y requerimientos de capital que no incorporan de manera completa el perfil particular de riesgo de cada empresa.
La iniciativa incluye un enfoque orientado a mejorar la seguridad, transparencia y protección de los derechos del consumidor dentro del mercado de seguros.

El texto propone actualizar las reglas aplicables a las aseguradoras, con cambios en la forma de gestión de las empresas y en la actuación de las autoridades supervisoras.
La Ley 827 fue aprobada en 1996 y regula aspectos como la creación de la Superintendencia de Seguros, las atribuciones del organismo, las empresas que pueden operar y el régimen aplicable a sociedades extranjeras y sucursales.