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Diputados no acompañan la aplicación de la “economía de guerra” y dejan sin cuórum el debate

25/3/26
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Diputados no acompañan la aplicación de la “economía de guerra” y dejan sin cuórum el debate

Según lo tratado en la Cámara de Diputados, la sesión extraordinaria quedó sin cuórum cuando se analizaba un proyecto de ley orientado a reducir gastos considerados superfluos dentro del Estado, fijar topes salariales y eliminar una serie de beneficios económicos para altas autoridades.

La iniciativa había sido presentada como una propuesta de racionalización del gasto público en medio del debate sobre ajuste fiscal y uso de recursos estatales.

El proyecto planteaba límites a salarios y bonificaciones

El texto establecía que ninguna remuneración dentro del sector público podría superar la del presidente de la República, salvo excepciones puntuales previstas en la normativa.

Además, incluía restricciones a bonificaciones para cargos superiores, seguros médicos privados para autoridades, provisión de combustibles sin justificación operativa y otros gastos protocolares no esenciales.

También proponía recortes en publicidad y otros beneficios

Entre los puntos planteados figuraba la limitación de la publicidad estatal en medios masivos, salvo en situaciones específicas como emergencias, campañas de salud o procesos electorales.

La propuesta también contemplaba eliminar pagos por presentismo, provisión discrecional de alimentos, obsequios, arreglos florales y otros conceptos vinculados a beneficios institucionales.

Diputados debatían el alcance real del ahorro

Durante la discusión, varios legisladores mencionaron que el ajuste sobre remuneraciones, bonificaciones, combustibles y viáticos podría representar una reducción de entre USD 20 millones y USD 25 millones.

En el debate también surgieron posturas que consideraban insuficiente ese monto frente al volumen total de recursos comprometidos en distintos rubros del Estado.

Control y sanciones estaban incluidos en la propuesta

El proyecto señalaba que la Contraloría General de la República debía encargarse de verificar el cumplimiento de la normativa, con facultades de auditoría y control.

En caso de incumplimiento, se planteaban sanciones administrativas, civiles y penales, además de la devolución de montos percibidos de forma irregular.

La sesión terminó sin avanzar en el tratamiento

El estudio del proyecto no pudo continuar debido a la falta de cuórum en plena sesión, por lo que la iniciativa quedó sin definición en esa jornada.

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