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Contraloría pone bajo la lupa el salto de la deuda pública y el peso de los intereses en las cuentas del Estado
12/12/25
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Según el informe de la Contraloría General de la República (CGR), la deuda pública del país cerró el ejercicio fiscal 2024 en USD 18.110 millones, equivalente a G. 141,8 billones, con una composición donde la deuda externa representa 87% del total y la deuda interna el 13%.
El documento señala que, pese a las medidas aplicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ritmo de crecimiento del endeudamiento se mantuvo en un promedio anual de 12,7% durante los últimos diez años.
El informe incorpora proyecciones del Banco Central del Paraguay (BCP), con simulaciones aplicadas a escenarios adversos que muestran incrementos en la relación deuda/PIB.
Bajo estos modelos, el ratio podría ubicarse en 42,4% en 2025 y 47,6% en 2026, acercándose al rango de sostenibilidad estimado entre 50% y 60%.
En variantes con impactos negativos adicionales, las estimaciones ubican el indicador en 42,4% para 2025, 47,5% en 2026, 44,2% en 2027 y 41,1% en 2028.
El componente del gasto público con mayor expansión en 2024 fue el servicio de la deuda, con un incremento de 26,4% en comparación con 2023.
El pago de intereses llegó a USD 983 millones, mientras que el servicio total alcanzó USD 1.662 millones, cifra superior a la amortización realizada en el mismo periodo.
El informe describe que esta situación implica recurrir a nuevas obligaciones financieras para cubrir pagos previos, lo que podría prolongar la necesidad de refinanciamiento.
La CGR menciona que los indicadores de solvencia presentan deterioro en escenarios adversos. El ratio deuda/ingresos totales fue de 268,1% en 2024 y las proyecciones lo ubican en 305,1% para 2025, antes de disminuir a 253,1% en 2028.
Los valores superan los rangos de referencia recomendados por organismos regionales, estimados entre 90% y 150%.
Asimismo, el informe detalla que el gasto público aumentó de G. 41,3 billones a G. 53,1 billones entre 2022 y 2024, equivalente a 15,8% del PIB, y que los objetivos del Plan de Consolidación Fiscal no se cumplieron plenamente durante el periodo analizado.
La CGR señala que la falta de directrices para optimizar la ejecución de proyectos financiados con préstamos externos generó costos para el Estado en concepto de comisiones por montos no desembolsados.
Estas comisiones totalizaron USD 4,8 millones, correspondientes a programas que no avanzaron conforme a los cronogramas previstos.
