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Compras públicas ordenan reglas para que lo nacional tenga ventaja frente a lo importado
8/1/26
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De acuerdo con información oficial del Poder Ejecutivo, quedó reglamentado el esquema de margen preferencial en las licitaciones públicas mediante la aplicación de la Ley N° 4558/2011, incorporando el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN) como requisito para que bienes y servicios de origen local accedan a las compras del Estado.
La normativa establece nuevas pautas operativas para identificar la producción nacional dentro de los procesos de contratación pública.
El decreto vigente dejó sin efecto la reglamentación anterior y asignó al Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio de Industria, la responsabilidad de emitir el CPEN.
Este certificado se convierte en el documento habilitante para aplicar el margen de preferencia a productos y servicios de origen nacional en las licitaciones.
El esquema busca unificar criterios que hasta ahora se aplicaban sin una reglamentación detallada.
El CPEN acredita el origen nacional de los bienes y servicios y su vinculación con la generación de empleo local.
La normativa precisa los niveles exigidos a fabricantes y prestadores de servicios, diferenciando los casos según el tipo de producción y el grado de transformación del producto.
También se establecen criterios específicos para bienes de origen mineral, animal y vegetal, así como para aquellos elaborados con materia prima nacional.
El proceso de revisión y emisión del CPEN se realizará de forma completamente electrónica, bajo administración del Ministerio de Industria y Comercio.
Solo en situaciones excepcionales, como la detección de irregularidades, se prevé la comunicación digital con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Este sistema busca centralizar la información y estandarizar los procedimientos.
El margen de preferencia se aplica dentro de los procesos de compras públicas y obliga a distinguir entre bienes y servicios nacionales e importados.
La reglamentación define cómo se evaluarán los productos con cambios de partida arancelaria y aquellos que no los presentan, a los efectos de acceder al beneficio.
El alcance del incentivo se amplía al vincular la producción local con el empleo generado.
El esquema abarca a distintos rubros industriales y de servicios que participan en las licitaciones del Estado.
