
El consumo de diésel en Bolivia registró una disminución cercana al 50% en las semanas posteriores a la entrada en vigencia de un decreto que eliminó los subsidios a los combustibles, en el marco de una declaratoria de emergencia económica.
La medida alcanzó tanto al diésel como a la gasolina y modificó el esquema de precios vigente hasta fines de diciembre.
Con la eliminación del incentivo económico asociado al subsidio, las autoridades indicaron que el consumo mostró un ajuste casi inmediato.
Las estimaciones oficiales señalan que el nivel de demanda podría estabilizarse en un rango de entre 30% y 40% por debajo de los registros previos.
El decreto también reintrodujo un sistema de formación de precios con márgenes y valores de referencia, adaptado a la coyuntura económica actual.
Desde el área energética se explicó que la reducción del consumo evidencia desvíos previos del combustible subsidiado hacia circuitos informales.
El objetivo planteado por el Gobierno es asegurar que el combustible llegue a los usuarios finales y no sea utilizado para actividades ajenas al mercado interno.
Además, se mencionó que el esquema de subsidios había sido sostenible en períodos de mayores ingresos por exportaciones, situación que se fue modificando con el tiempo.

Bolivia no fue el único país de la región en avanzar con la eliminación del subsidio al diésel durante 2025.
Otras economías sudamericanas adoptaron decisiones similares en los últimos meses, medidas que también estuvieron acompañadas por protestas y reacciones sociales.
La aplicación del nuevo marco derivó en incrementos del 86% en la gasolina y de más del 160% en el diésel, según los datos oficiales.
Las autoridades señalaron que los precios establecidos se mantendrán al menos durante el primer semestre de 2026, antes de ser sometidos a una nueva evaluación.
En paralelo a los cambios en los combustibles, el Gobierno anunció ajustes en programas de protección social.