El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha propuesto la derogación de la actual Ley de Alquileres, una normativa que fue reformada recientemente en el Congreso. Esta iniciativa ha generado un intenso debate entre diferentes sectores, incluyendo propietarios, inmobiliarias y agrupaciones de inquilinos.
La ley, conocida formalmente como ley 27.551 y modificada por la ley 27.737, introdujo cambios significativos en el mercado de alquileres, incluyendo la posibilidad de indexar los contratos. La propuesta de Milei ha creado incertidumbre entre quienes tienen contratos de alquiler firmados, tanto antiguos como recientes.
Milei argumenta que la ley actual ha perjudicado a quienes se suponía debía proteger, citando la crisis generalizada en el mercado de alquileres y la reducción drástica de la oferta. Por otro lado, expertos en derecho inmobiliario sugieren que una reforma legislativa sería más apropiada que una derogación total, manteniendo la posibilidad de indexación de los contratos.
Agrupaciones de inquilinos se oponen a la iniciativa de Milei, defendiendo la normativa actual, mientras que propietarios e inmobiliarias apoyan la propuesta, argumentando que facilitaría la libre pactación entre dueños e inquilinos y la posibilidad de volver a contratos de dos años en lugar de tres. Además, agrupaciones de propietarios han expresado que la derogación podría incentivar a más propietarios a ofrecer sus inmuebles en alquiler tradicional.
La propuesta también incluye la idea de implementar un marco jurídico para desalojos rápidos en casos de no pago, un punto que ha sido objeto de especial atención por parte de los propietarios.
Este debate refleja las diferentes visiones sobre cómo gestionar el mercado de alquileres en Argentina y las implicaciones que tendría una posible derogación o modificación de la Ley de Alquileres en el funcionamiento de este sector.
