El Poder Ejecutivo de Brasil adelantó que rechazará una norma aprobada por el Congreso que modifica las penas aplicadas en causas vinculadas a los hechos posteriores a las elecciones presidenciales de 2022.
La iniciativa legislativa fue aprobada primero por la cámara baja y luego recibió aval definitivo del Senado durante esta semana.
Alcance de la norma aprobada por el Congreso
La legislación plantea una reducción general de condenas para personas sentenciadas por delitos relacionados con el intento de insurrección ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando se produjeron disturbios en edificios institucionales.
De acuerdo con cálculos parlamentarios, la medida permitiría reducir condenas que actualmente alcanzan hasta 27 años de prisión a un máximo cercano a 20 años y nueve meses.
Además, el texto limita el tiempo de cumplimiento bajo régimen cerrado a dos años y cuatro meses, por debajo del rango habitual de seis a ocho años previsto en otras sentencias similares.
Tensión política y respuesta institucional
El anuncio del veto se produce en un contexto de diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso, que ya habían surgido por designaciones judiciales y otras decisiones legislativas recientes.
Durante el fin de semana previo, sectores afines al Gobierno realizaron manifestaciones en rechazo a la norma aprobada por el Parlamento.
Escenario judicial abierto
Más allá del veto anunciado, la legislación podría ser analizada por el Tribunal Supremo. El máximo órgano judicial ya ha condenado a más de 800 personas por delitos relacionados con los disturbios de enero.
