Una iniciativa promovida por Donald Trump plantea la conformación de una Junta de Paz con participación de países invitados, entre ellos Paraguay, bajo un esquema que fija contribuciones económicas para acceder a un lugar permanente dentro del organismo.
La propuesta surge de un borrador institucional que detalla reglas de funcionamiento, aportes financieros y mecanismos de decisión, difundido por agencias internacionales en los últimos días.
Condiciones económicas para integrar el organismo
El documento establece que los países pueden formar parte del espacio sin un pago inicial obligatorio, aunque la condición de miembro permanente estaría asociada a un aporte mínimo de USD 1.000 millones en efectivo durante el primer año de vigencia.
En los casos en que no se concrete ese desembolso, la participación quedaría limitada a mandatos de hasta tres años, con renovaciones sujetas a aprobación central.
Estructura de decisiones y control interno
La Junta de Paz prevé un sistema de votación por mayoría entre los Estados miembros.
Sin embargo, todas las resoluciones quedarían sujetas a una validación final desde la presidencia del organismo, que también tendría atribuciones para definir la agenda y la admisión o remoción de integrantes.
Destino previsto de los fondos
Según el borrador, los recursos recaudados se destinarían a tareas de reconstrucción y estabilización en Gaza.
El texto señala que la mayor parte del dinero debería aplicarse directamente al cumplimiento del mandato operativo, bajo supervisión interna del propio organismo.
Reservas y debates entre los países invitados
El esquema propuesto generó objeciones entre varios Estados, principalmente por el control centralizado de los fondos y las condiciones económicas vinculadas a la permanencia.
De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones, algunos países analizan posiciones conjuntas frente al diseño institucional planteado.
El alcance de la invitación a Paraguay
Paraguay figura entre los países invitados a integrar la Junta de Paz impulsada por Trump.
La eventual permanencia dentro del organismo quedaría condicionada al cumplimiento del aporte de USD 1.000 millones, lo que abre el interrogante sobre la capacidad de afrontar ese desembolso dentro del esquema propuesto.
