La Unión de Ingenieros de la ANDE presentó a las autoridades de la empresa estatal una propuesta para reorganizar las tarifas aplicadas a los grandes consumidores de electricidad. El planteamiento establece un máximo conjunto de 700 MW para criptomineras, centros de datos, inteligencia artificial y actividades similares, además de una subasta en la que las compañías competirían por acceder a ese cupo.
La cantidad propuesta representa cerca del 10% de la capacidad eléctrica instalada en Paraguay. El esquema todavía no fue adoptado y forma parte de las alternativas que están siendo analizadas tras la derogación de los decretos energéticos anteriores.
El precio inicial sería de USD 56 por MWh
La adjudicación se realizaría mediante una subasta al alza, con participación de las empresas que ya operan en el país y cuyos contratos vencen en 2027, así como de nuevos interesados.
El precio mínimo sugerido es de USD 56 por MWh, compuesto por una tarifa técnica estimada en USD 44 por MWh y otros USD 12 por MWh relacionados con la compensación que Paraguay dejaría de recibir por la energía no cedida a Brasil.
La propuesta busca que la ANDE mantenga esos ingresos y que una parte de los recursos adicionales pueda destinarse a un fondo para reforzar la infraestructura eléctrica.
Los contratos durarían entre tres y cinco años
Los acuerdos derivados de la subasta tendrían una vigencia máxima de tres a cinco años. La intención es establecer condiciones previsibles para las compañías sin comprometer grandes bloques de electricidad durante periodos prolongados.
El nuevo modelo comenzaría a aplicarse el 1 de enero de 2028, después del vencimiento de los contratos actuales del Grupo de Consumo Intensivo Especial, previsto para diciembre de 2027. La adjudicación tendría que completarse durante 2027 para que las nuevas reglas puedan entrar en funcionamiento en la fecha planteada.
Las industrias productivas tendrían otro sistema de tarifas
La propuesta divide a los grandes consumidores en dos grupos. El primero reúne a las actividades de consumo intensivo que no transforman materias primas, como criptominería, centros de datos e inteligencia artificial.
El segundo incluye proyectos con procesos productivos y mayor vínculo con otras actividades económicas. Para este grupo se plantea crear un cuadro tarifario independiente para consumidores conectados en 220 kV y 66 kV, separado de los componentes aplicados a usuarios residenciales y redes de menor tensión.
Dentro de este esquema, las industrias productivas pagarían una tarifa técnica calculada a partir del costo del servicio eléctrico, sin modificar el precio aplicado a los hogares. La estimación presentada ubica ese valor en torno a USD 44 por MWh bajo las condiciones actuales.
El límite apunta a reducir la presión sobre el sistema
Los técnicos sostienen que incorporar hasta 2.000 MW de demanda adicional sobre un sistema cercano a los 5.000 MW podría generar dificultades para mantener la seguridad y continuidad del suministro.
También señalaron que la demanda eléctrica de estas actividades aumentó cerca de 50% durante los últimos tres años, mientras el crecimiento del producto interno bruto se mantuvo dentro de su rango habitual. El análisis tampoco identificó una mejora proporcional en las finanzas de la ANDE atribuible a esos consumos.
