El director financiero del Ministerio Público informó que la reprogramación presupuestaria aprobada por el Senado surgió de una iniciativa parlamentaria y deberá pasar ahora a la Cámara de Diputados.
La Cámara de Senadores dio media sanción a una reasignación de G. 7.400 millones, equivalente a USD 1,2 millones al cambio actual, destinada a ajustes salariales para fiscales adjuntos, agentes fiscales y asistentes fiscales.
El monto queda por debajo del pedido inicial
La aprobación se da luego de que el Ministerio Público solicitara un aumento de USD 20 millones para fortalecer su presupuesto institucional.
El presupuesto actual de la Fiscalía General del Estado es de G. 763.074.000.000, equivalente a unos USD 120 millones.
Reprogramación y no ampliación
Durante el tratamiento del proyecto se aclaró que la medida corresponde a una reprogramación y no a una ampliación presupuestaria.
Esto implica que los recursos para el ajuste salarial saldrán de fondos ya previstos para obras dentro de la Fiscalía y pasarán a remuneraciones de fiscales adjuntos, agentes fiscales y asistentes fiscales.
Destino previsto del aumento solicitado
Con un eventual incremento de USD 20 millones, el Ministerio Público proyectaba contratar 60 nuevos agentes fiscales y terminar dos locales institucionales, uno en Encarnación y otro en Caazapá.
Actualmente, la institución cuenta con 350 agentes fiscales. En el texto se menciona que, considerando una población de 7 millones de habitantes, se requerirían al menos 700 agentes, a razón de 100 por cada millón de personas.
Locales alquilados y obras pendientes
La Fiscalía dispone de 125 locales alquilados en el país.
Con la terminación de las sedes propias de Encarnación y Caazapá, la institución dejaría de pagar alquileres en entre cuatro y seis inmuebles, ya que los funcionarios pasarían a trabajar en esas instalaciones.
Salarios alcanzados por el reajuste
El incremento aprobado por el Senado alcanzaría a fiscales adjuntos, agentes fiscales y asistentes fiscales.
Los fiscales adjuntos percibirían montos del orden de G. 19 millones, mientras que los agentes fiscales pasarían a cobrar más de G. 16 millones, de acuerdo con lo expuesto durante el tratamiento legislativo.
