La Corte Suprema de Estados Unidos permitió de manera temporal que el Gobierno retome las deportaciones de personas indocumentadas hacia países distintos al de su nacionalidad, mientras continúa el análisis judicial del caso. La información señala que el máximo tribunal escuchará argumentos sobre esta disputa en diciembre.
La decisión suspendió una orden de un juez federal que obligaba a las autoridades a avisar previamente a las personas afectadas y darles la posibilidad de plantear que podían enfrentar persecución o tortura en el país de destino. La medida permanecerá vigente mientras la Corte estudia la apelación presentada por el Gobierno.
El Gobierno alegó problemas para ejecutar los vuelos
Durante el trámite ante la Corte Suprema, el procurador general de Estados Unidos sostuvo que la resolución anterior había generado inconvenientes operativos en los procesos de expulsión. Entre los ejemplos mencionados figura la cancelación de un vuelo que debía trasladar a 70 migrantes hacia tres países.
El argumento oficial fue que las restricciones judiciales podían provocar gastos adicionales, dificultades diplomáticas y obstáculos para concretar deportaciones que ya estaban en marcha.
EE.UU. cuenta con acuerdos con 31 países
En medio del conflicto judicial, la administración estadounidense habría alcanzado acuerdos con 31 países dispuestos a recibir personas que no son sus ciudadanos. Esta modalidad permite enviar a migrantes a territorios diferentes de sus países de origen cuando existen impedimentos para retornarlos directamente.
Los migrantes que demandaron al Gobierno sostienen que algunas personas enviadas bajo este esquema enfrentaron detenciones prolongadas, nuevos traslados hacia otros países y denuncias de malos tratos. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados ante el Tribunal Supremo.
La disputa gira alrededor del aviso previo
La política del Departamento de Seguridad Nacional no garantiza en todos los casos una notificación previa antes del traslado hacia un tercer país. Un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas establece que, de manera general, se espera al menos 24 horas antes de ejecutar determinados traslados.
El conflicto llegó nuevamente a la Corte Suprema después de que un juez federal concluyera que el procedimiento utilizado por el Gobierno chocaba con normas migratorias federales y con garantías de debido proceso. Una corte de apelaciones había respaldado en gran parte esa decisión antes de la nueva intervención del máximo tribunal.
El caso seguirá abierto
La resolución actual no cierra definitivamente la disputa. Por ahora, permite que las deportaciones hacia terceros países continúen mientras la Corte Suprema estudia el recurso del Gobierno y prepara la audiencia prevista para diciembre.
