El Decreto Nº 5942/2026 del Poder Ejecutivo puso en marcha la preparación del Presupuesto General de la Nación para 2027 y estableció que ministerios y entidades deberán justificar técnicamente cada solicitud de fondos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. El proceso comienza con un espacio fiscal más limitado, debido en parte al efecto del dólar bajo sobre los ingresos cobrados por operaciones de comercio exterior.
Las instituciones deberán explicar qué actividades financiarán, cuánto dinero necesitan y cuáles serán los resultados esperados. Las propuestas serán revisadas de acuerdo con la disponibilidad de recursos y las condiciones de las cuentas públicas.
El dólar bajo reduce lo recaudado por las importaciones
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios participa en el cálculo de los ingresos que servirán como base para elaborar el presupuesto. Estas previsiones deberán actualizarse porque la cotización de la moneda estadounidense se mantiene por debajo de los niveles considerados anteriormente.
Los impuestos aduaneros aplicados sobre las importaciones se calculan en dólares y luego se convierten a guaraníes. Por ese motivo, una cotización menor genera menos ingresos en moneda local por una operación del mismo valor en USD.
Todavía no se informó cuánto disminuirán las estimaciones de recaudación ni qué modificaciones concretas podrían incorporarse al proyecto presupuestario.
Cada pedido deberá mostrar para qué servirá el dinero
Las instituciones públicas tendrán que relacionar sus solicitudes con objetivos, productos, metas e indicadores de desempeño.
Ya no bastará con presentar únicamente una lista de necesidades o gastos previstos para el siguiente ejercicio.
Cada organismo deberá detallar qué resultados pretende alcanzar con los recursos solicitados. El Ministerio de Economía y Finanzas utilizará esa información para revisar, ajustar o consolidar las propuestas dentro del dinero disponible.
El decreto no establece recortes específicos ni fija un techo individual para cada entidad. Las cifras finales dependerán del comportamiento de la recaudación y de los pedidos presentados durante el proceso.
Los planes deberán abarcar hasta 2029
Además del presupuesto correspondiente a 2027, los organismos públicos deberán elaborar una programación financiera para el periodo 2027-2029.
Esta exigencia alcanzará a programas, inversiones y compromisos que necesiten financiamiento durante más de un año. Áreas como infraestructura, salud, educación y asistencia social tendrán que mostrar cómo continuarán sus proyectos y de dónde saldrán los recursos para sostenerlos.
Las compras deberán estar previstas desde el presupuesto
Las entidades también tendrán que preparar un Proyecto de Programa Anual de Contrataciones antes de cerrar sus anteproyectos presupuestarios.
En ese documento deberán identificar las compras de bienes, servicios, consultorías y obras que planean realizar. La intención es que las contrataciones estén relacionadas con los objetivos institucionales y tengan respaldo dentro del presupuesto solicitado.
El proyecto llegará al Congreso en septiembre
El Poder Ejecutivo deberá remitir el proyecto del Presupuesto General de la Nación al Congreso el 1 de septiembre de 2026.
Hasta entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá compatibilizar los pedidos de mayor gasto con una recaudación que será revisada por el nuevo escenario cambiario. El monto definitivo quedará sujeto a los ingresos estimados y a los ajustes aplicados a las solicitudes de las instituciones.
