El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe presentar al Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, en un escenario marcado por mayores pedidos de recursos para salud, educación, infraestructura, seguridad y otros servicios públicos. Dentro de ese panorama, economistas plantean revisar beneficios tributarios y reorganizar partidas que históricamente no llegan a ejecutarse en su totalidad.
Uno de los principales factores de presión es el reclamo salarial del sector médico. El MEF estima que serían necesarios alrededor de USD 100 millones adicionales el próximo año para atender el reajuste solicitado. Al mismo tiempo, el Gobierno proyecta para 2027 un déficit fiscal equivalente al 3,9% del PIB, por encima del límite de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Exoneraciones representan unos USD 928 millones
Entre las alternativas planteadas aparece una revisión del denominado gasto tributario, que incluye exoneraciones, tasas reducidas y otros tratamientos fiscales especiales.
Para 2026, la Ley del Presupuesto estima que estos beneficios representan alrededor de G. 5,5 billones, equivalentes a unos USD 928 millones que el Estado deja de recaudar. La propuesta no apunta a eliminar todos los beneficios, sino a analizar aquellos con menor justificación social o que favorecen principalmente a contribuyentes con mayor capacidad económica.
Combustibles, rentas financieras e inmuebles entran en la revisión
Entre los sectores señalados para una eventual revisión aparecen el tratamiento tributario de los combustibles, determinadas rentas financieras y del capital, inmuebles de alto valor, juegos de azar y algunas actividades comerciales con tratamientos especiales.
Una primera reducción gradual de beneficios podría permitir recuperar hasta USD 74 millones. Dentro de ese monto, se estiman entre USD 25 millones y USD 43 millones por combustibles, entre USD 10 millones y USD 18 millones por rentas financieras y del capital, y entre USD 5 millones y USD 8 millones por inmuebles de alto valor.
Salud también tiene partidas que históricamente quedan sin ejecutar
El análisis también identifica margen dentro del propio presupuesto del Ministerio de Salud. Entre 2021 y 2025 se detectó una diferencia histórica de G. 465.529 millones entre los recursos asignados y los efectivamente ejecutados en determinadas partidas.
Como referencia, se calcula un promedio de G. 93.106 millones, unos USD 15,5 millones, que podría ser considerado para una eventual reasignación hacia salarios y otros gastos prioritarios, siempre que esos recursos no estén comprometidos para contratos, proyectos o inversiones.
Primera etapa podría liberar cerca de USD 89 millones
Combinando una revisión inicial de beneficios fiscales con la posible reasignación de recursos subutilizados en Salud, el cálculo identifica un potencial de hasta USD 89 millones.
Una segunda etapa que incluya incentivos empresariales podría sumar entre USD 12 millones y USD 25 millones adicionales, aunque esos efectos se observarían principalmente desde 2028.
El debate también pasa por qué gastos priorizar
Otro planteamiento apunta a revisar cómo se distribuyen los recursos antes de seguir ampliando infraestructura pública. La discusión incluye el costo posterior de mantener rutas, hospitales y otros servicios una vez construidos.
La propuesta es que el Presupuesto 2027 contemple no solamente nuevas inversiones, sino también los recursos necesarios para sostener personal, medicamentos, insumos, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura existente.
