El Gobierno de El Salvador inició un sistema de registro digital de documentos oficiales basado en la blockchain de bitcoin, con el objetivo de reforzar la autenticidad de la información administrativa, según datos de Bloomberg Línea.
La implementación forma parte del proceso de transformación digital impulsado por las autoridades para verificar archivos gubernamentales y prevenir la alteración de datos públicos.
Implementación del sistema
El proyecto es llevado adelante por la Oficina Nacional del Bitcoin (ONBTC) en colaboración con una empresa dedicada a la verificación criptográfica.
El sistema utiliza el protocolo OpenTimestamps, que permite generar huellas digitales inalterables vinculadas a la red de bitcoin sin divulgar información personal ni modificar los documentos originales.
Aplicación inicial y expansión prevista
La primera fase del sistema fue aplicada a certificados académicos emitidos por el programa CUBO+, un curso sobre bitcoin y tecnología financiera respaldado por el Gobierno salvadoreño.
Los egresados pueden verificar la validez de sus certificados mediante una huella pública, accesible desde la red. Las autoridades proyectan ampliar el modelo a otros ministerios, incluyendo áreas administrativas e históricas, para garantizar la autenticidad de archivos legales y fortalecer el control institucional.
Funcionamiento del mecanismo
Cada documento se convierte en una huella criptográfica asociada a un bloque específico de la red bitcoin, lo que permite que cualquier persona pueda comprobar su existencia y autenticidad sin necesidad de intermediarios.
El proceso busca establecer una verificación automatizada de documentos públicos, en línea con los avances digitales adoptados por el país.
Contexto y adopción
El Salvador continúa impulsando el uso del bitcoin y su infraestructura tecnológica dentro del sector estatal.
A pesar de los esfuerzos oficiales por ampliar el alcance del uso de la criptomoneda, estudios recientes indican un uso limitado del bitcoin en transacciones diarias durante el 2024, según datos de la Universidad Centroamericana (UCA).
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene acuerdos financieros con el país en los que establece que el uso del bitcoin debe ser opcional para la población.
