El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que introduce modificaciones en la estructura del sistema de transporte público metropolitano.
La propuesta contempla la posibilidad de adjudicar concesiones a empresas privadas, así como la creación de una sociedad estatal en caso de no presentarse operadores interesados.
Prestación del servicio bajo distintos esquemas
El texto normativo establece que el transporte público metropolitano será regulado por el Estado y podrá ser concesionado a personas jurídicas privadas.
No obstante, también prevé que el servicio sea prestado directamente por el Estado o por una entidad de participación mayoritaria estatal, en función del interés público.
La opción de crear una empresa pública operadora quedaría habilitada solo si no hay oferentes privados para la operación o provisión de buses.
Recuperación de la inversión y mecanismos de financiamiento
Según el proyecto, los operadores podrán recuperar su inversión mediante un sistema basado en el pasaje abonado por los usuarios y el subsidio estatal.
Para ello se contempla la creación de un fideicomiso, donde se depositarán ambos ingresos y desde el cual se financiará el repago de las inversiones.
Las concesiones tendrán una duración de entre 15 y 20 años, e incluirán aspectos como la operación, la provisión de flota, la infraestructura asociada y los servicios complementarios.
Posibilidad de adquisición directa de buses por parte del Estado
El artículo 79 del borrador normativo establece que el Estado podrá adquirir flotas de buses e infraestructura destinada al sistema metropolitano, utilizando los mecanismos definidos en la Ley N° 7021/2022 de suministros y contrataciones públicas.
Además, se contempla que estas unidades puedan ser entregadas a operadores privados mediante procesos de licitación, bajo esquemas mixtos de gestión.
Estimación de inversión y horizonte de amortización
El costo estimado para la renovación completa de la flota es de USD 300 millones, en caso de que se adquieran 1.000 buses de manera simultánea.
Sin embargo, el proyecto prevé que las inversiones se realicen de forma gradual, a medida que se adjudiquen las concesiones.
El plazo planteado para la amortización de las inversiones es de 15 años, con pagos parciales realizados a través del fideicomiso previsto.
