Tras el escándalo de Ueno Bank, Contraloría busca recuperar los controles eliminados durante el Gobierno de Peña y aumentar su poder de fiscalización
La Contraloría General de la República (CGR) presentó ante la Cámara de Diputados dos anteproyectos de ley que buscan modificar los mecanismos de control sobre los funcionarios públicos, recuperar restricciones eliminadas durante el Gobierno de Santiago Peña y ampliar las atribuciones de la institución.
Las propuestas fueron impulsadas por el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres, en medio de los cuestionamientos institucionales surgidos por el caso Ueno Bank.
Uno de los principales objetivos es restablecer la prohibición de las denominadas puertas giratorias, que permite abordar los riesgos de conflictos de intereses cuando funcionarios pasan del sector público al privado o viceversa.
Buscan recuperar una ley modificada durante el Gobierno de Peña
La primera propuesta pretende restituir disposiciones de la Ley N.º 7089/2023, sobre prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública.
Durante el Gobierno de Santiago Peña, esta normativa sufrió modificaciones en 18 artículos, además de la eliminación de determinadas restricciones.
Entre las disposiciones retiradas se encontraba la prohibición de las puertas giratorias, diseñada para limitar el paso de altos funcionarios entre instituciones estatales y empresas relacionadas con sus funciones.
Ahora, la Contraloría propone recuperar esas restricciones para reducir posibles conflictos entre responsabilidades públicas e intereses privados.
El caso Ueno Bank vuelve a poner bajo la lupa los nombramientos en el BCP
La crisis de Ueno Bank reavivó las discusiones sobre el paso de ejecutivos privados a cargos estatales encargados de supervisar el sistema financiero.
Uno de los casos mencionados es el de Carlos Carvallo, quien anteriormente presidió Financiera Ueno y posteriormente fue nombrado presidente del Banco Central del Paraguay (BCP).
Carvallo se encuentra procesado dentro de la investigación penal relacionada con la crisis bancaria.
La Fiscalía investiga si existieron omisiones o actuaciones que facilitaron presuntas irregularidades financieras vinculadas con préstamos a empresas relacionadas.
Otro caso señalado es el de Joshua Abreu, quien después de dejar la presidencia de la Comisión Nacional de Valores pasó a desempeñarse como director titular de Ueno Casa de Bolsa.
Estos antecedentes son utilizados para ilustrar los posibles conflictos de intereses que pueden surgir cuando una persona ocupa sucesivamente cargos en organismos reguladores y empresas supervisadas.
Exautoridades del BCP tendrían prohibiciones durante dos años
La propuesta introduce una restricción especial para quienes ocupen cargos de regulación y supervisión financiera.
Mientras la legislación original contemplaba un año de prohibición para determinados vínculos laborales y comerciales posteriores a la salida de un alto cargo público, la Contraloría propone ampliar ese plazo a dos años para funcionarios del sector financiero.
La medida alcanzaría a miembros del Directorio del BCP, superintendentes de Bancos, Seguros y Valores, además de funcionarios que hayan participado de manera determinante en procesos de regulación, autorización, supervisión o sanción.
Durante ese periodo, no podrían ocupar cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en entidades supervisadas ni en empresas del mismo grupo económico.
Los funcionarios volverían a declarar vínculos de sus familiares
Otro cambio importante consiste en recuperar la obligación de informar intereses y vínculos empresariales de familiares directos.
Esta disposición había sido eliminada mediante modificaciones introducidas entre finales de 2023 y comienzos de 2024.
La intención es permitir que los organismos de control identifiquen situaciones en las que un familiar de un funcionario tenga relaciones económicas con empresas vinculadas a sus decisiones públicas.
En el contexto de Ueno Bank, también se mencionó el caso de María Silvia Vázquez de Carvallo, esposa del expresidente del BCP Carlos Carvallo, por pagos que recibió del grupo empresarial investigado.
La existencia de vínculos familiares o comerciales no demuestra por sí sola la comisión de un delito, pero puede ser relevante para examinar posibles conflictos de intereses.
Contraloría quiere investigar patrimonios incluso con una sola declaración jurada
El segundo anteproyecto plantea modificar la Carta Orgánica de la Contraloría para ampliar sus facultades.
Entre los cambios propuestos se encuentra la posibilidad de examinar la correspondencia patrimonial de funcionarios públicos incluso cuando exista una sola declaración jurada de bienes.
Actualmente, determinadas verificaciones enfrentan dificultades cuando no existen declaraciones anteriores con las cuales comparar la evolución del patrimonio.
La iniciativa también busca ampliar la capacidad de solicitar información a otras instituciones y realizar controles sobre funcionarios que todavía se encuentran ejerciendo sus cargos.
Buscan ampliar controles sobre Itaipú y Yacyretá
La Contraloría también propone eliminar obstáculos legales que dificultan la fiscalización de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.
El anteproyecto contempla igualmente modificaciones para evitar que determinados controles sean desplazados mediante intervenciones del Tribunal de Cuentas.
Además, busca establecer que los informes y denuncias emitidos por la Contraloría tengan expresamente carácter de denuncia penal, facilitando su remisión a las autoridades competentes.
La propuesta también contempla comunicar antecedentes a la Procuraduría General de la República para promover la recuperación de posibles perjuicios patrimoniales.
La institución también solicita mayor autonomía presupuestaria
Otro punto incluido en la reforma es la posibilidad de que la Contraloría cuente con mayor independencia para elaborar y presentar su presupuesto anual ante el Congreso.
La iniciativa contempla mecanismos vinculados con la recaudación de multas y la administración de recursos institucionales.
Estas modificaciones abren un debate sobre el alcance del poder de la Contraloría y su relación con otras instituciones encargadas de investigar y recuperar bienes, como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Por ahora, los dos documentos son anteproyectos presentados ante Diputados y sus disposiciones todavía no están vigentes.
Su eventual aplicación dependerá del tratamiento legislativo y de la aprobación de las reformas correspondientes.

