La Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría de cumplimiento a la Superintendencia de Bancos con el objetivo de examinar los mecanismos que utiliza para supervisar y controlar a las entidades financieras que operan en Paraguay. El procedimiento comenzó el 21 de septiembre y apunta directamente al trabajo desarrollado por el organismo supervisor.
La revisión apunta al trabajo de supervisión
La fiscalización no está dirigida a auditar directamente a bancos o financieras, sino a determinar qué controles realizó la Superintendencia de Bancos, cómo planifica sus tareas y qué procedimientos internos aplica para vigilar el funcionamiento de las entidades del sistema.
El proceso contempla la revisión del marco normativo, los procedimientos internos y la planificación de las tareas de supervisión y control que corresponden a la institución dependiente del Banco Central del Paraguay.
La auditoría aparece en medio de pedidos de informes del Congreso
El procedimiento se desarrolla mientras el Congreso Nacional viene solicitando información al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre distintos aspectos relacionados con bancos que operan en el mercado local. Entre los puntos mencionados aparecen la exposición de fondos jubilatorios y recursos públicos, además de las operaciones y la solvencia de entidades financieras.
La revisión de la Contraloría busca establecer si la Superintendencia cumplió adecuadamente con las funciones de vigilancia que le corresponden dentro del sistema financiero.
La Contraloría podrá acceder a la documentación necesaria
Dentro del proceso también surgió la consulta sobre los límites que podría imponer el secreto bancario. Desde la Contraloría señalaron que la legislación vigente permite acceder a los documentos necesarios para realizar la fiscalización de las actuaciones de la Superintendencia de Bancos.
Los resultados serán comunicados a distintas instituciones
Si durante la auditoría se detectan fallas o desviaciones en las tareas de control, las conclusiones deberán ser remitidas formalmente a las cámaras de Senadores y Diputados, al Poder Ejecutivo, al BCP y a la propia Superintendencia de Bancos.
En caso de que aparezcan indicios de hechos punibles, los antecedentes serán enviados al Ministerio Público para que determine si corresponde iniciar una investigación penal.
