La situación financiera del corazón administrativo del país se refleja en la estructura de la Deuda Pública de la Administración Central. A continuación, te ofrecemos una mirada detallada al respecto.
En términos de divisa:
Un destacado 90,8% del endeudamiento reposa en el dólar americano. Esta predominancia se ha consolidado desde 2013, cuando el país comenzó a emitir títulos de crédito en los mercados globales. Actualmente, hasta agosto de 2023, los Bonos Soberanos constituyen una suma de USD 6.263,3 millones, cubriendo cerca del 43,8% del endeudamiento de la Administración Central. Sin embargo, no todo es en moneda extranjera; a través de movimientos en el mercado local, un 8,3% del total se maneja en nuestra moneda nacional.
Hablemos de intereses:
De la totalidad del endeudamiento, un 66,0% – que traduce a USD 9.461,7 millones – opera bajo tasas de interés establecidas. Por otro lado, el restante 34,0% – equivalentes a USD 4.873,8 millones – fluctúa con tasas variables. La presencia notoria de las tasas fijas tiene su raíz en los Bonos Soberanos que se han lanzado bajo dicha modalidad.
¿Quiénes son los principales prestamistas?:
La figura de los Bonos Soberanos vuelve a surgir, con tenedores que abarcan un 43,7%. Los organismos internacionales siguen muy de cerca, aportando el 43,1%. En el ámbito interno, los Bonos Nacionales se destacan al cubrir el 4,3% de la deuda acumulada.
Las herramientas financieras utilizadas:
Los Bonos, tanto a nivel global como local, son los protagonistas en este capítulo, seguidos por los préstamos pactados con entidades crediticias internacionales. Estos últimos vieron un alza en 2022, ya que el gobierno vio en ellos condiciones más favorables comparadas con las opciones globales. Una mención especial merece la fórmula de financiamiento para infraestructura bajo la Ley N° 5.074/2013, apodada «llave en mano».
Mirando hacia el futuro, se avizora un cambio. Se pretende impulsar modelos como las Alianzas Público-Privadas, las concesiones y, por supuesto, la ya mencionada «llave en mano». La meta es clara: optimizar las ventajas de cada herramienta.
Bajo estas estrategias, la visión gubernamental es clara: movilizar proyectos infraestructurales que involucren al sector privado, con el objetivo de lograr infraestructuras viales, aeroportuarias, energéticas y más, de alta calidad. Esto no solo atraerá inversión privada, sino que además asegurará una mayor eficiencia en la inversión pública, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida para todos.
