El riesgo de que Colombia pierda el acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI) se mantiene latente, de acuerdo con fuentes citadas por medios especializados.
La información fue confirmada en recientes declaraciones de autoridades y exfuncionarios, en el contexto de la evaluación anual que realiza el FMI bajo el artículo 4 de su Acuerdo Constitutivo.
El programa, establecido en abril de 2009, otorga hasta USD 8.100 millones al país y fue renovado en 2024 por dos años, con evaluaciones periódicas.
La revisión actual, desarrollada en Bogotá y Washington, determinará si Colombia podrá seguir contando con esta línea de respaldo financiero.
Impacto de la eventual cancelación del crédito
Según analistas, la pérdida de acceso a la LCF afectaría la capacidad del país para afrontar emergencias económicas de manera inmediata.
Esto cobra especial relevancia en un escenario internacional caracterizado por tensiones comerciales y volatilidad en los precios del petróleo y la tasa de cambio.
Se mencionó además que el impacto podría extenderse a la percepción de los inversionistas internacionales sobre la deuda soberana de Colombia, incrementando los riesgos para la estabilidad económica.
Balance de la situación fiscal y monetaria
En las reuniones recientes, representantes del FMI valoraron aspectos positivos en la política económica de Colombia, como el control de la inflación, que se proyecta cerrar en 4,2%, y la disminución del déficit en cuenta corriente.
Asimismo, se reportó una mejora en el ingreso tributario durante los meses de marzo y abril y una emisión exitosa de deuda externa por USD 3.800 millones.
Estos elementos fueron destacados dentro de los esfuerzos de recuperación de los ingresos y racionalización del gasto público.
Expectativas y próximos pasos
La definición sobre la continuidad del acceso a la Línea de Crédito Flexible dependerá del resultado de la evaluación en curso.
El Ejecutivo prevé presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo en junio, lo cual permitirá actualizar las proyecciones fiscales y reforzar las acciones dirigidas a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
