Los gobiernos de Centroamérica están analizando ajustes en las legislaciones relacionadas con la minería metálica, influenciados por los altos precios de los metales preciosos.
Según diversos informes, estas decisiones tienen implicaciones económicas y ambientales en la región.
El Salvador evalúa revertir la prohibición de minería metálica
El presidente de El Salvador ha manifestado su interés en modificar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, vigente desde 2017.
Durante un evento oficial, destacó el potencial económico del país, señalando que existen depósitos de oro con un valor estimado en 3.000 millones de dólares.
Su administración asegura que los procedimientos estarán orientados a la preservación del medio ambiente.
Esta intención genera preocupación en sectores críticos, quienes alertan sobre posibles impactos ambientales, particularmente en recursos hídricos como el río Lempa.
Diversas organizaciones han advertido sobre los riesgos de contaminación asociados con el uso de químicos como cianuro y mercurio.
Costa Rica analiza excepciones en su legislación minera
El gobierno costarricense ha planteado la posibilidad de reactivar la minería metálica a cielo abierto en un área conocida como Crucitas.
Este sitio, inactivo desde 2010, podría volver a operar bajo un esquema que permita la explotación con regalías para el estado.
Según las autoridades, esta medida busca reducir la minería ilegal y aprovechar los recursos disponibles.
El proyecto de ley presentado propone subastar el sitio a empresas interesadas con una regalía mínima del 5%.
Este tema ha generado un amplio debate en la sociedad costarricense sobre sus implicancias económicas y ambientales.
Nicaragua expande concesiones mineras
El gobierno nicaragüense ha otorgado nuevas concesiones mineras a empresas extranjeras, sumando más de 50.000 hectáreas destinadas a la extracción de minerales.
Según resoluciones oficiales, estas concesiones incluyen áreas cercanas a la frontera con Honduras.
