La ANDE sostiene que el precio acordado debe respetar lo establecido en la Ley N.º 966, que obliga a generar ingresos suficientes para afrontar los costos de producción, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad.
Las distribuidoras vinculan la modificación con el encarecimiento del petróleo y sus derivados en el mercado internacional. La tensión registrada en Oriente Medio elevó el riesgo sobre el abastecimiento y empujó nuevamente las cotizaciones.
La operación todavía no está cerrada. Su ejecución depende de la autorización de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), organismo ante el cual el procedimiento ya fue notificado.
Entre los factores que las entidades observan antes de aprobar un crédito, la situación económica aparece en el primer lugar. Después se encuentran las condiciones climáticas y el escenario jurídico.