El procedimiento fue tramitado bajo la modalidad de excepción y se formalizó durante el mes de diciembre de 2025, según consta en la documentación pública.
La determinación fue solicitada por el máximo tribunal del país como parte de un proceso que investiga actuaciones relacionadas con causas penales abiertas en Brasil.
Uno de los operativos se ejecuta de forma continua y contempla visitas periódicas a 5.000 hogares por trimestre, dentro de una muestra anual de 21.000 viviendas.