La reglamentación busca definir los mecanismos operativos para la aplicación de la ley, incluyendo aspectos relacionados con aportes, beneficios y administración de los fondos.
El informe señala que la institución educativa en cuestión figuraba sin autorización dentro de los registros oficiales, lo que implica que no cumplía con los requisitos legales exigidos para su funcionamiento en el país.
El contingente corresponde al primer grupo de 25 personas trasladadas desde Estados Unidos, dentro del esquema de cooperación migratoria vigente entre ambos países.
Durante los controles se evalúan aspectos como contratos laborales, condiciones de trabajo, horarios y registro de empleados, en línea con la normativa vigente.
Se estima que alrededor de 25.000 empresas se encuentran en situación de mora con el IPS, principalmente en el sector comercial, incluyendo actividades de venta mayorista, minorista y distribución.
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