El proyecto apunta a reunir en una sola ley competencias que actualmente están distribuidas en decretos y resoluciones de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
El cuestionamiento apunta a la posibilidad de que nuevos grandes consumidores accedan a condiciones especiales, mientras otros sectores productivos y usuarios tradicionales enfrentan limitaciones dentro del sistema.