La Guardia Revolucionaria indicó que ya fueron definidos los porcentajes correspondientes a ambos países en las aguas del estrecho y también en los ingresos derivados de su utilización.
La información difundida por la AFP señala que los demandantes consideran que la administración excedió las facultades otorgadas por la legislación comercial.
El volumen obliga a empresas eléctricas y operadores a calcular qué infraestructura realmente necesitarán construir. El problema aparece cuando una parte de esos pedidos corresponde a instalaciones que nunca llegarán a entrar en funcionamiento.
La menor cantidad de animales procesados durante este periodo equivale a más de 500.000 toneladas de carne que no llegaron a producirse, tomando como referencia el peso promedio de las carcasas en la región.