La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) anunció que recurrirá a una acción de inconstitucionalidad en caso de aprobarse el acuerdo que permitiría a Atome comprar electricidad a USD 30 por megavatio hora durante 15 años. El gremio considera que ese valor se encuentra por debajo del costo técnico manejado por la empresa estatal.
Diferencia entre los precios planteados
La propuesta atribuida a Atome contempla un pago de USD 30 por MWh, mientras que la tarifa inicialmente considerada por la Administración Nacional de Electricidad era de USD 44 por MWh.
Los ingenieros sostienen que a ese monto deberían sumarse USD 12 por la cesión de energía, con lo que el precio total llegaría a USD 56 por MWh. También plantean contratos de entre dos y tres años, acompañados de revisiones periódicas.
Plantean ajustar el monto con el IPC
Otra alternativa analizada consiste en incorporar una actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El mecanismo permitiría modificar el valor durante la vigencia del acuerdo, en lugar de mantener sin cambios una misma tarifa por 15 años.
El gremio señala que la tarifa técnica de USD 44 por MWh, aunque requeriría una actualización, se aproxima más al costo considerado por la ANDE que el valor solicitado para el proyecto industrial.
Calculan una diferencia de USD 450 millones
La UIA estima que mantener el precio de USD 30 por MWh durante 15 años representaría para la ANDE una diferencia cercana a USD 30 millones por año.
La proyección acumulada alcanzaría aproximadamente USD 450 millones durante toda la duración del contrato. Los ingenieros también cuestionaron si las inversiones previstas y la cantidad de puestos de trabajo permitirían compensar ese monto.
El gremio anticipa una presentación judicial
La organización confirmó que promoverá un recurso de inconstitucionalidad si las autoridades autorizan finalmente la tarifa solicitada por Atome.
El cuestionamiento se centra tanto en el precio como en la extensión del acuerdo, debido a que el valor quedaría establecido durante una década y media, mientras podrían cambiar los costos del sistema eléctrico y las condiciones del mercado.
También plantean límites para grandes consumidores
Dentro del debate energético, la UIA propone establecer un máximo de 700 megavatios para contratos relacionados con criptominerías y centros de datos.
El planteamiento busca administrar la potencia disponible y reducir la necesidad de adelantar inversiones en nuevas fuentes de generación. Los contratos actuales con empresas criptomineras tendrán vencimientos desde 2027, periodo en el que deberán negociarse nuevas condiciones.
